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Juez de Control de Los Cabos: lo que ordenó y resolvió en el caso Querencia Los Cabos, de julio a septiembre de 2026

Lo que ordenó y resolvió el Juez de Control de Los Cabos en el caso Querencia Los Cabos: la audiencia de imputación, un requerimiento y una revocación.

Redacción Noticias San José5 min de lectura

Sombras de palmas sobre un muro encalado con una banca de piedra vacía, en un pueblo del sur de Baja California por la tarde

Entre julio y septiembre de 2026, el Juez de Control del Partido Judicial de Los Cabos fijó fecha para una audiencia de imputación, requirió un dato al Ministerio Público y, según la transcripción de la resolución, revocó una determinación de no ejercicio de la acción penal en la causa que derivó del accidente ocurrido en el Boulevard Querencia de San José del Cabo, Baja California Sur, el 25 de marzo de 2025. En la misma resolución, el juez consideró procedente el no ejercicio respecto de las personas morales. Ese 25 de marzo, una camioneta rotulada de Querencia golpeó por alcance el carrito de golf en el que viajaba una niña de 5 años, que salió proyectada. Según una declaración que consta en la carpeta de investigación, después fue alcanzada por la camioneta de Querencia, de más de 500 kilos.

Qué hace un Juez de Control

A un Juez de Control le corresponde supervisar la etapa de investigación de un caso penal, que dirige el Ministerio Público, y decidir sobre lo que las partes le piden mientras esa etapa dura: citar a una audiencia, por ejemplo, o revisar una decisión del propio Ministerio Público. En este caso, se trata del Juzgado de Control del Partido Judicial de Los Cabos, que conoce de la causa.

16 de julio de 2026: fecha para la audiencia de imputación

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, por conducto del Ministerio Público, presentó el 15 de julio de 2026 ante el Juez de Control una solicitud de audiencia de imputación. La dirigió contra Querencia Construcciones, S. de R.L. de C.V., y contra dos personas investigadas: el chofer y el médico del club. Un día después, mediante acuerdo del 16 de julio, el juez puso fecha a esa audiencia.

Un acuerdo es la resolución escrita con la que el juez atiende una solicitud. En la audiencia de imputación, el Ministerio Público puede informar oficialmente a una persona, en presencia del juez, que desarrolla una investigación en su contra por hechos que la ley señala como delitos. Es un acto de la etapa de investigación, no un juicio.

26 de agosto de 2026: el requerimiento al Ministerio Público

El dato que el Juez de Control requirió al Ministerio Público el 26 de agosto de 2026 fue el nombre del representante legal de la persona moral investigada. Requerir, en el lenguaje de los tribunales, es ordenar de manera formal que se entregue un dato o que se cumpla una actuación.

Para la ley, una persona moral es una empresa o sociedad con derechos y obligaciones propios. Su representante legal es la persona física autorizada para actuar en su nombre, también frente a un juez.

23 de septiembre de 2026: la revocación de la determinación de no ejercicio

La determinación proponía no ejercer la acción penal, por atipicidad, a favor de Querencia Real Estate, Querencia Golf Club, el médico del club, José Luis Sánchez Musi, investigado, y el chofer, por omisión de auxilio, omisión de informe médico y encubrimiento. Según esa determinación, fechada el 11 de febrero de 2026, y su autorización, contra el chofer sí ejercía la acción penal, por lesiones y daños culposos.

Ejercer la acción penal es, para el Ministerio Público, presentar unos hechos ante un juez; no ejercerla es dejar de hacerlo. Alegar atipicidad es sostener que los hechos no corresponden a la conducta que la ley describe como delito. El contenido de ese documento está en qué resolvía la determinación de la Procuraduría, parte por parte.

Según la transcripción de la resolución, el 23 de septiembre de 2026, en una audiencia de control de la determinación de no ejercicio, el Juez de Control revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal fechada el 11 de febrero de 2026, autorizada el 13 de febrero, por no estar fundada ni motivada, ya que no invocó una causal de sobreseimiento ni relacionó datos de prueba, y ordenó continuar la investigación; el Ministerio Público puede emitir una nueva determinación, fundada y motivada. En la misma resolución, el juez consideró procedente el no ejercicio respecto de las personas morales.

El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso por alguna de las causas que marca la ley. Los datos de prueba son los elementos que la investigación reúne para sostener una decisión. Un acto está fundado cuando señala el precepto legal en que se apoya, y motivado cuando expone las razones del caso concreto que llevan a aplicarlo.

Ningún acto de autoridad, dice el artículo 16 de la Constitución, puede quedar sin fundamento ni motivación. Una determinación de no ejercicio que no invoca ninguna causal ni relaciona datos de prueba no es debido proceso, porque deja sin explicar en qué se apoya. Que la Procuraduría haya resuelto así es una injusticia.

Cómo encajan estos actos en el resto del expediente se explica en cómo se ordena el expediente, de la carpeta a la causa.

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